¿Qué sabemos sobre las turberas peruanas?

Abstract

El Perú es uno de los países del trópico más ricos en turberas. Cuenta con ellas en sus tres regiones, con una preponderancia marcada en la Amazonía. Sus turberas proveen importantes servicios ecosistémicos, como el almacenamiento de inmensas cantidades de carbono, la fijación de dióxido de carbono, una biodiversidad única, la regulación hídrica a nivel local y regional, y el suministro de medios de subsistencia y valores culturales para las poblaciones locales. Las turberas del país están siendo deterioradas por actividades antropogénicas que incluyen el desarrollo de infraestructura y la extracción de recursos (p. ej., petróleo, minerales), y usos o prácticas no sostenibles de intensidad variable (p. ej., sobrepastoreo, extracción de turba, tala de palmeras, sobrecaza) que las amenazan e incrementan su vulnerabilidad. De igual manera, los cambios climáticos comprometen su estabilidad. El marco normativo peruano incluye normas e instrumentos para una gestión sostenible de los humedales, pero falta desarrollar regulaciones específicas para las turberas. Entre los avances recientes está la elaboración de una definición normativa nacional del término “turbera”; sin embargo, aún se requiere su inclusión explícita en políticas relativas al cambio climático, como REDD+ y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). Existe una falta fundamental de investigación científica sobre las turberas peruanas. En particular, se requiere cartografiarlas, inventariarlas y caracterizar sus propiedades ecológicas y sus valores económicos y sociales. También es esencial identificar y revalorar los conocimientos que las comunidades indígenas ponen en práctica para gestionarlas de manera sostenible. Las oportunidades para la conservación y buena gestión de estos ecosistemas claves son diversas e incluyen, por ejemplo, la consolidación de los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, la implementación de planes de manejo sostenible de recursos por las poblaciones locales, la extensión de las áreas naturales protegidas (ANP) y el reconocimiento de los derechos de tenencia de las comunidades.